COMIENZA EL PROCESO A LAS TRES JUNTAS

El comienzo del proceso legal contra los integrantes de las tres primeras juntas militares se inició con la notificación al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de la acusación que pesa sobre los tenientes generales Videla, Viola y Galtieri; los almirantes Massera, Lambruschini y Anaya; y los brigadieres Agosti, Graffigna y Lami Dozo. Ayer, el presidente Alfonsín dialogó con el titular de la Corte Suprema, Genaro Carrió, y con el procurador general, Juan Octavio Gauna, quien inició también la “persecución legal” contra la cúpula terrorista.

El ministro de Defensa, Raúl Borrás, ordenó ayer que se inicie la instrucción del Juicio sumario contra los nueve Integrantes de las tres primeras Juntas militares del proceso castrense recientemente concluido, con el fin de establecer las responsabilidades que les caben por haber dispuesto "métodos y procedimientos de lucha manifiestamente ilegales" para combatir las actividades subversivas.

Simultáneamente, se aceleraron las tareas que ya se han iniciado en el área judicial, con el fin de "promover la persecución penal" de seis principales dirigentes de la organización terrorista Montoneros y de uno del denominado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), tarea que será canalizada por la Justicia Federal.

En ambos casos se ha tenido en cuenta la promulgación, firmada anteayer por el presidente Raúl Alfonsín, de la ley que deroga la amnistía dictada por el régimen saliente, declarada "inconstitucional" e insanablemente "nula", así como carente de la posibilidad de ser invocada como la norma "más benigna" en favor del acusado, como lo dispone el artículo 2º del Código Penal.

La promulgación le ha quitado vigencia a dicha ley, Nº 22.964, a la que hasta ahora podían acogerse tanto los integrantes de las organizaciones subversivas como los militares acusados de haber cometido delitos diversos entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982.

Juicio

Ayer, Alfonsín recibió al titular de la Corte Suprema de Justicia, Genaro Carrió, y al procurador general, Juan Gauna.

El juicio a los jefes militares fue dispuesto por el decreto 158, del 13 del corriente, y comprende a los generales retirados Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri, a los almirantes Emilio Eduardo Massera, Armando Lambruschini y Jorge Isaac Anaya, así como a los brigadieres Orlando Ramón Agosti, Omar Grafigna y Arturo Basilio Lami Dozo.

El juicio sumario será instruido por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que es presidido por el brigadier Luis María Fagés.

Se estima que varios de sus integrantes se excusarán de intervenir, en vista de las relaciones que los unieron o los unen con algunos de los que serán juzgados. Entre ellos se cuentan el general (RE) René Azpitarte, quien fue, entre otras cosas, comandante del Cuerpo V de Ejército, y el brigadier Julio Gómez, ministro de Justicia actuante durante la presidencia de Videla, al igual que el anterior.

Si bien no está previsto modificar la actual integración del Consejo Supremo, la circunstancia citada obligará a que se designen reemplazantes. Sin embargo, en vista del cúmulo de trabajo, con motivo de las presentaciones que se están haciendo en razón del juzgamiento de civiles durante la lucha antisubversiva, no se descarta la posibilidad de que ello obligue al Ministerio de Defensa a ampliar la cantidad de sus integrantes.

En cuanto a los miembros de las tres juntas, una vez que el máximo tribunal militar se expida, la sanción será apelable ante la Cámara Federal, para lo cual se propuso al Congreso una modificación al Código de Justicia Militar, que lo permitirá.

En la Justicia

El procurador general de la Nación, Juan Octavio Gauna, quien asumió su cargo hace una semana, tomó ya las primeras providencias dirigidas a cumplir con la disposición del decreto N° 157 instruyendo a los fiscales federales para que recopilen los antecedentes que permitan iniciar acciones en la Justicia Federal contra los jefes guerrilleros.

Ellos son: Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Ricardo Obregón Cano, Rodolfo Galimberti, Roberto Cirilo Perdía, Héctor P. Pardo, de Montoneros y Enrique Heraldo Gorriarán Merlo del ERP.

Declara hoy el ex presidente Bignone

El último presidente de facto general (RE) Reynaldo Bignone, y el ex comandante de Institutos Militares y embajador en el Uruguay durante el régimen militar general (RE) Santiago Omar Riveros deben declarar hoy a las 11 ante el juez Federal de San Martín, Ángel Córdoba, para aclarar el grado de responsabilidad que podría caberles en la desaparición de Alfredo Antonio Giorgi.

El ex presidente de facto Reynaldo Bignone y el comandante de Institutos Militares general (RE) Santiago Omar Riveros, prestarán declaración hoy a las 11, ante el juez Federal de San Martín, Ángel Córdoba, en la causa por la que se investiga la desaparición del físico químico Alfredo Antonio Giorgi, el 27 de noviembre de 1978.

Ambos militares se presentarán en carácter de imputados no procesados y deberán aclarar sus respectivas responsabilidades en el secuestro de Giorgi, quien se desempeñaba como técnico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Paralelamente, el ex mandatario del último tramo del gobierno militar está siendo procesado por el juez Carlos Olivieri en la causa por la desaparición de dos jóvenes militantes comunistas, en 1976, mientras cumplían la conscripción en el Colegio Militar, cuyo director, en ese entonces, era Bignone.

El trámite judicial tiene su origen en una serie de denuncias formuladas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que solicitó el procesamiento de Bignone y una veintena de jefes militares y policiales por considerarlos incursos en el delito de privación ilegítima de la libertad calificada en perjuicio de Giorgi.

A raíz de esta presentación, el juez Córdoba libró un exhorto el sábado pasado a las distintas autoridades policiales y migratorias de todo el país impidiendo abandonar el territorio argentino a quienes aparecen, en primera instancia, implicados en el secuestro.

Otros implicados

Entre estos, además de Bignone y Riveros, figuran el ex comandante del Primer Cuerpo de Ejército, general Guillermo Suárez Mason, el ex jefe del Regimiento Tercero de Infantería, general Federico Minicucci y el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, general Ramón Camps.

También fue incluido en la limitación para salir del país del coronel Roberto Rualdez, acusado ayer por el sindicalista Juan José Taccone de ser uno de los responsables de la desaparición del secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza, Oscar Smith, en 1976.

Anteriormente, habían prestado declaración en esta causa Suárez Mason y Minicucci, quienes negaron conocer la existencia del campo de concentración Olimpo, donde, supuestamente, estuvo alojado durante un tiempo Giorgi.

Respecto del otro caso en el que Bignone se halla implicado, cabe recordar que pesa sobre el ex jefe de Estado un pedido judicial de captura, apelado en esta instancia por sus defensores ante la Cámara del Crimen.